Por qué (aún) son necesarias las televisiones autonómicas

El cierre inesperado de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) ha traído al debate público la cuestión de las televisiones autonómicas, su pertinencia y necesidad en un momento de constante revisión de lo público ante la oleada de recortes, privatizaciones y ‘tijeretazos’. Sin embargo, merced al revuelo provocado por su cierre, o por la experiencia fugaz de la autogestión en su programación, la autonómica valenciana sumó ayer sus mejores datos de audiencia del año. ¿Casualidad, o muestra de la necesidad de los canales autonómicos, del apego de la población a sus contenidos y de la necesidad de que existan, siendo (si lo fueran) honestos, interesantes y bien programados ?

Hay varios argumentos tradicionales que reafirman la necesidad de una televisión autonómica. Muchos de ellos están incluidos en la ley por la que se crea la Entidad Radio Televisión Valenciana, un texto de 1984 nacido al albur de la Ley del Tercer Canal estatal de 1983 y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana de 1982. Entre estos principios están, en el caso específico valenciano, la “especial protección y respeto a la recuperación del valenciano”, la “protección general de la juventud y de la infancia”, o “la igualdad de hombres y mujeres, potenciando la desaparición de los patrones socioculturales que impiden el desarrollo de dicha igualdad”. Todo esto está incluido en el preámbulo de la ley que creó Canal 9, hoy “Nou”, mañana quién sabe.

Cercanía es quizás la palabra que más utilizan aquellos que defienden las televisiones autonómicas. Su valor como medio de comunicación más aproximado a sus espectadores es una de las claves que justifican su existencia, tanto en el plano informativo, que se refiere a la cobertura de los hechos noticiosos más cercanos al lugar de origen del espectador -en su ciudad, en su pueblo, incluso en su propio barrio-, como en el plano del entretenimiento cultural, abriendo espacios a expresiones específicas de lo cultural en un territorio concreto -hablemos de las Fallas en tierras valencianas como podemos hablar las procesiones de Semana Santa en Andalucía y Castilla, entre otras manifestaciones culturales-.

E incluso, siguiendo en el terreno cultural, el apoyo a proyectos audiovisuales específicos de cada territorio. En los añorados 90 y 2000, esto ocurría así, según un estudio del investigador Enric Castelló Cogollos (Universidad Rovira i Virgili de Tarragona), que contabilizó un total de 1.830 minutos de series televisivas de producción propia en los canales autonómicos catalanes, vascos y gallegos entre 1999 y 2000–en un estudio en el que, casualidades del destino, estaban incluidas tanto Telemadrid como Canal 9, que sin embargo no programaban ni un minuto de producciones propias de ficción en ese espacio de tiempo-.

”Queremos remarcar que las series de ficción de producción propia constituyeron, a finales de los años 90, un producto televisivo con una gran rentabilidad económica para los entes autonómicos. Podemos apuntar tres factores claves en este hito. Primero, consiguen buenos niveles de audiencia que favorecen las inserciones publicitarias. Segundo, fomentan la industria audiovisual autóctona, puesto que estas series son externalizadas y encargadas a productoras independientes, que se convierten en fieles proveedores de los canales. Tercero, se establecen como un producto de stock que puede ser programado en cualquier momento, cuando la situación de la competencia sea favorable a su recuperación. Por otra parte, estos productos están de acuerdo con la filosofía de creación de estos canales, en virtud de que ofrecen contenidos de proximidad a la audiencia”, decía Castelló en este estudio.

En aspecto informativo, merece la pena recalcar dos cuestiones en cualquier emisión informativa televisiva, que es la economía del tiempo en televisión y a las asimetrías territoriales de cobertura informativa, las cuales afectan muy necesariamente a la información de proximidad. Sin televisiones autonómicas, imponiendo toda la necesidad de información a las televisiones nacionales -sean estas públicas o privadas-, las cuestiones de tiempo en informativo limitan de forma imprescindible los asuntos a tratar, asuntos que siempre van a ser mirados desde una perspectiva nacional, lo que provoca la posibilidad de que haya temas regionales de importancia relativa –solo importantes para los habitantes de dichos territorios- que no puedan entrar por motivos de espacio.

La segunda cuestión, la que denominábamos asimetrías territoriales de cobertura informativa, tienen especial relevancia en territorios centrales y periféricos. Es probable que un habitante de Madrid vea mejor satisfechas sus necesidades de información en un informativo nacional que un habitante de Murcia. La presencia de la capitalidad de un país en una región otorga una importancia a su información local –una manifestación en el centro de la ciudad, una celebración deportiva, una huelga general- que no se produce igual con otras regiones, sean más o menos periféricas. Las televisiones autonómicas –los medios autonómicos en general- suplen esa asimetría, dando el valor regional a las informaciones nacionales –los aspectos que afectan concretamente a la región—y ofreciendo la actualidad próxima.

Buena prueba de esto es el peso que los informativos tienen en la audiencia de las televisiones autonómicas. Según un informe de la consultora Accenture para la FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos), el peso en audiencia de los informativos autonómicos respecto al resto de su programación en 2010 era de casi el 30%, por encima del 16% de las televisiones privadas, y cerca del 38,6% de La 1 de TVE. En casos concretos, como el de la catalana TV3, el peso de la audiencia de sus informativos era mayor que en el primer canal estatal (45,20%), asunto que también ocurría en la gallega TVG (39,6%) y se acercaba en el caso de la asturiana TPA (38%). [Leer el informe en PDF]

Peso que los informativos tienen en la audiencia de las televisiones autonómicas (Accenture para FORTA)

Peso que los informativos tuvieron en la audiencia de las televisiones autonómicas en 2010 (Accenture para FORTA, 2012)

Para ser justos, habremos de reconocer con nuestro lector que el canal que suscita esta reflexión, Canal 9, tenía en esta clasificación una nota tirando a baja (25,6%), aún así por encima de la media de las privadas. Y, tirando de datos más actualizados, tenemos que advertir que el programa con mayor cuota de pantalla del pasado mes de Octubre de Nou son los informativos, con un 14,9% de share –un porcentaje que supone la cantidad de espectadores que vieron el programa partida por el número de espectadores que veían la televisión en esa franja horaria en esa Comunidad autónoma- según se puede ver en los boletines de audiencia mensuales de Kantar Media.

Televisiones autonómicas, pero no así

Sería este un análisis injusto si no mencionáramos los miles de desmanes que se han realizado en las televisiones autonómicas. Unos abusos que tienen que ver, entre otras muchas cosas, con una falta de un proceso de transición en su regulación que sí que hizo, mal que bien, Televisión Española en 2006. La RTVE reformada en la época de Zapatero como presidente dio lugar a un Ente más libre, reconocido por su calidad informativa y con un Presidente que al menos en dos ocasiones estuvo elegido por acuerdo parlamentario, exceptuando la última ocasión, con Leopoldo González-Echenique, elegido a partir de un cambio en la regulación de RTVE que permitió su elevación a la Presidencia tan solo con el apoyo de la mayoría absoluta del Partido Popular, en lugar de los dos tercios por los que fueron elegidos Luis Fernández y Alberto Olliart.

En esta RTVE encontramos un Manual de Estilo, una Defensora del Espectador, o un Consejo de Informativos, instrumentos de autocontrol que fiscalizan el trabajo del canal público. Nada de esto existe, por ejemplo, en la televisión pública valenciana –sí que hay un Defensor del Espectador en Canal Sur– aunque Canal 9 sí que contó con dos Estatutos de la Redacción (de 1996 y 2000), que han sido ‘papel mojado’, según explica Carmen María López Rico, de la Universidad Miguel Hernández de Elche en este artículo. De manera que tenemos mucho que criticar de canales autonómicos como el valenciano, en el que además se ha destapado estos días una gran cantidad de malos tratamientos informativos que, seguramente, ya eran evidentes para muchos de sus espectadores –como sabemos los madrileños con Telemadrid-.

Sin obviar, claro está, el espinoso asunto de la deuda del canal y la sobrecontratación de profesionales, una plantilla de 1.600 personas para un canal autonómico como el valenciano, que tiene que ver también con la intención de crear una plantilla ideológicamente controlada, según explica el presidente del Comité de Empresa de RTVV, Vincente Mifsud, en el artículo académico de López Rico, en el que cifra en una plantilla duplicada con la llegada del Partido Popular a la Generalitat para tener “gente de confianza” en la casa poniendo como excusa la creación del nuevo canal Punt Dos. Un asunto del que algo saben también en Telemadrid, quizás la próxima ficha en caer de este dominó de privatización televisiva.

Las televisiones autonómicas públicas son un espacio, mal utilizado en muchos casos, de proximidad televisiva informativa y cultural que los poderes públicos tienen para con sus conciudadanos. Mal utilizados, vagamente regulados para ser maleables, pero necesarios. Porque un mal uso de un martillo no provoca la destrucción de todos los martillos del universo, sino la pena a la mano que agitó el martillo indebidamente. La mano, en este caso concreto, de la Generalitat Valenciana, pero de otros tantos que agitan martillos televisivos con dinero público. Miremos a ellos antes de criminalizar a las televisiones públicas autonómicas.

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Foto de portada: Reportero de Canal Nou hace una entrevista (Foto: Victor Gutiérrez Navarro)

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