Independencia judicial regresiva

La renovación cada cinco años del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces y magistrados, es uno de esos momentos en los que los políticos, los medios de comunicación y la sociedad en general entonan sonados gritos de terror por la falta de independencia de la Justicia en España, la mentira de la separación de poderes y otros tantos asuntos. El organismo que debería ser garante de la independencia judicial se convierte en el blanco de las quinielas políticas partidarias, según las cuales a cada juez, magistrado o jurista se le etiqueta con la adscripción política que ha motivado su nombramiento.

En este justo momento, en el que nos encontramos ahora con una renovación del CGPJ, conviene recordar los avatares de la regulación de este órgano, fundamental en varios ámbitos, ya que nombra a dos de los magistrados del Tribunal Constitucional, y su presidente es también presidente del Tribunal Supremo -en la actualidad y hasta la renovación, ocupa dicho cargo el magistrado castellonense Gonzalo Moliner-, además de otros muchos nombramientos de menor calado.

El CGPJ es reconocido en la Constitución como órgano de gobierno de los jueces y también establece la composición que tendrá, con un presidente y veinte vocales, de los cuales doce deben ser elegidos entre jueces y magistrados de todas las categorías “en los términos que establezca la ley orgánica”, además de otros ocho elegidos entre abogados y juristas, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y otros cuatro a propuesta del Senado, elegidos por tres quintos de cada cámara. Dejamos a continuación el articulado constitucional, para que nadie se lleve a engaño:

Artículo 122

  1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.
  2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.
  3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

Fíjense bien en la segunda frase del artículo 122.3: “En los términos que establezca la Ley Orgánica”. Ahí está el quid de la cuestión.

La rápida y progresiva politización

Por su importancia para el funcionamiento del resto de órganos judiciales, el CGPJ tuvo que ser puesto en marcha por una ley de urgencia, ya que sin él no se podía nombrar a algunos de los magistrados del Constitucional, ni habría presidente del Supremo. Para ello se promulga la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero.

En esta ley se establece la elección, por una parte, de 12 miembros del CGPJ de entre jueces y magistrados que ofrezcan su candidatura, elegidos por todos los jueces y magistrados “que se encuentren en servicio activo” mediante “voto personal, igual, directo y secreto” (art. 13) en circunscripción única. (art. 14). Los otros ocho que faltarían para completar la veintena vendrían cuatro por parte del Congreso de los Diputados y otros cuatro por el Senado. En ambos casos elegidos por mayoría de tres quintos (mayoría cualificada).

Esta norma, que puede parecer lógica a ojos de hoy, con una mayoría de miembros del órgano de gobierno de la justicia elegidos por los jueces, duró poco menos de cinco años, hasta la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial elaborada con el PSOE de Felipe González, ya en el gobierno.

Se trata de una regulación general, que incluye varios aspectos distintos y deroga leyes de la Transición, incluso leyes preconstitucionales. Y entre ellas está la reforma del CGPJ, con cambios en temas de incompatibilidades, funciones, y la elección de sus miembros. Aquí es donde se acaba la elección por parte de los propios jueces de su órgano de gobierno, ya que la reforma establece que los doce vocales antes elegidos entre jueces y magistrados sean elegidos por Congreso y Senado, seis cada uno. A ellos se suman los ocho abogados y juristas, que ya eran elegidos así, cuatro por cámara, según el mandato constitucional.

Entre las motivaciones de este cambio hay quien apunta la intención del gobierno socialista de entonces de incluir nuevos magistrados en el gobierno de un sector con todavía muchas señas de identidad del franquismo, aunque también se apunta a que González tuvo varios problemas con el organismo en sus primeros años de gobierno.

La nueva ley fue recurrida ante el Tribunal Constitucional con el argumento de que en el artículo de la Constitución (léase más arriba) se establece como límite máximo de miembros del CGPJ a elegir por las Cortes los ocho miembros abogados y juristas.  El TC en una sentencia de 1986 (STC 10/1986) decidió dar la razón a la nueva norma porque el texto de la Constitución no suponía “apoyo suficiente para una respuesta categórica al problema planteado”.

En dicha sentencia añade que, aunque el fin perseguido por la Carta Magna era “asegurar la presencia en el Consejo de las principales actitudes y corrientes de opinión existentes en el conjunto de los jueces y magistrados”, “no puede afirmarse que tal finalidad se vea absolutamente negada al adoptarse otro procedimiento y, en especial, al atribuir también a las Cortes la facultad de propuesta de los miembros del Consejo procedentes de Jueces y Magistrados, máxime cuando la ley adopta ciertas cautelas, como es la de exigir una mayoría cualificada de tres quintos en cada Cámara”.

Resumen: se pierde independencia, pero tampoco es para tanto, y la redacción constitucional resulta ambigua, según el tribunal encargado de interpretarla. Las citas, y una explicación mucho mejor se pueden tener leyendo en el extracto de este libro (PDF) de Andrés de la Oliva Santos, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid.

La llegada del Partido Popular al poder en 1996 no supuso cambio alguno en la politización del CGPJ. En 2001, el Pacto de PP y PSOE para la Justicia (ver en PDF) provocó una modificación legislativa que abrió a las asociaciones judiciales la posibilidad de proponer hasta 36 candidatos de entre los cuales Congreso y Senado elegirían a los 12 jueces y magistrados del CGPJ. Esto se puede leer en la Ley Orgánica 2/2001, de 28 de junio.

Promesas que no valen nada, nada

Con estas llegamos a la campaña electoral de 2011 y al Programa Electoral del Partido Popular, caracterizado más por sus incumplimientos que por sus cercanías a la realidad. A propósito del CGPJ, el compromiso electoral de los populares aseguraba, en su página 179 punto 11: “Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por los jueces y magistrados de todas las categorías”.

La propuesta de ley de Gallardón no tuvo cercanía alguna con este principio, como ya se dijo en algunos medios cuando se hizo público el anteproyecto, algo que fue aplaudido por medios como El País con el argumento de que un CGPJ con miembros elegidos por los propios magistrados sería “un caso de autogobierno difícilmente explicable en una democracia en la que todos los poderes e instituciones del Estado deben estar vinculados, directa o indirectamente, con la soberanía popular”.

También en El País, en un artículo de Manuel Altozano para Vida&Artes encontramos las motivaciones para esta defensa, que se resumen en la asunción que la mayoría de la carrera judicial es conservadora, por la representatividad de las asociaciones -la conservadora APM es la más representativa con 1.211 miembros, le sigue la moderada Francisco de Vitoria (595 miembros) y la progresista Jueces para la Democracia (JpD, 490 miembros), aunque más del 50% de la carrera no está asociada- y también la idea de una carrera que tiene poca renovación, según los expertos consultados por este periódico.

Aunque lógicamente no sería por este motivo, la ley de Alberto Ruiz-Gallardón del pasado mes de junio mantuvo el sistema de elección por las Cortes de los vocales del CGPJ, en contra de su compromiso electoral, e incluso cambió la selección previa de 36 vocales que hacían jueces y magistrados para establecer un sistema de candidaturas más abierto, no dependiente en tanta medida de las asociaciones profesionales pero, de una u otra manera, determinado por las Cortes, quienes deciden en última instancia y por negociación partidaria quienes serán los miembros del CGPJ. Lo cual es, precisamente, lo que ha sucedido: los partidos han acordado una nueva renovación con PP, PSOE, IU, CiU y PNV, pero sin independencia judicial ninguna.

Algunas reflexiones finales

Con todo lo anterior, se puede llegar a la conclusión de que, de una forma o de otra, ambos partidos políticos han estado interesados en controlar la formación de un organismo que determina nombramientos fundamentales en ámbitos jurídicos, que regula las condiciones de la carrera, sus ascensos y retribuciones. Ni siquiera las promesas electorales –si les damos una ilusa pátina de contrato con la sociedad- han eliminado eso.

Para un organismo diseñado a imagen de sus homólogos europeos, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura italiano, que hoy mantiene ocho miembros elegidos por los parlamentarios y dieciséis por los magistrados (ver esta explicación del sistema judicial italiano en PDF); o el francés, donde hay cargos elegidos por el poder ejecutivo y otros elegidos por jueces y fiscales, la deriva partidista del modelo español resulta verdaderamente curiosa. Especialmente por el acuerdo que suscita entre todos los partidos: parece que a nadie le interesa un poder judicial independiente. ¿De verdad es por temor a una judicatura muy conservadora –no creo que sea el caso del PP- o por miedo a encontrar en la Justicia un contrapoder o un corporativismo que rivalice con el corporativismo político?

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Foto de portada: Estatua de Fernando VI delante de la sede del Tribunal Supremo (Foto: Facebook CGPJ)

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