“La Constitución establece una justicia fiscal y unos principios que hoy hacen aguas”

Conversamos con Carlos Cruzado (Madrid, 1958) en la oficina que GESTHA, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, tiene en la zona norte de la capital de España. Con una calma y una amabilidad que no se corresponden con el momento informativo que atraviesa la Hacienda pública española, en el que los escándalos por la dimisión del director de inspección de la Agencia Tributaria, Luis Jones, tras el cese de una inspectora que ratificó una sanción a la empresa mexicana CEMEX, Cruzado responde a las preguntas de Mayhem sin prisa por remontarse hasta las causas del elevado fraude fiscal que sufre España, así como sin eludir otras preguntas importantes que afectan al crédito de la institución, como el caso del DNI de la Infanta Cristina o la amnistía fiscal.

De una conversación de casi una hora, cuya relevancia bien merece leerla en su integridad y que ofrecemos como siempre en su forma completa, destacamos el énfasis que Carlos Cruzado hace cuando se le pregunta acerca de los posibles cambios fiscales que se espera por parte del Gobierno para los primeros meses de 2014. Para el presidente del sindicato de técnicos de Hacienda, una “reforma integral del sistema fiscal” es “necesaria” para paliar la “competencia por bajar impuestos” en la que se han embarcado tanto gobiernos de izquierdas como de derechas desde el inicio de la democracia.

Ha habido una competencia por bajar impuestos, lo cual ha hecho que en el sistema tributario en este momento no rijan los principios del artículo 31.1 de la Constitución. Nuestra Constitución establece que el sistema tributario tiene que ser justo, habla de justicia fiscal y establece una serie de principios: generalidad, igualdad y progresividad, que son los que deben concurrir en el sistema. Hoy, desde luego, prácticamente todos estos principios hacen aguas y lo que entendemos es que hace falta una reforma en profundidad del sistema, una reforma total”, afirma Cruzado, que separa esta polémica de la necesidad de bajar o subir impuestos concretos. Se trata, para el técnico, de “hacer realidad el principio de la equidad fiscal”.

La dualidad del Impuesto de la Renta

“Más del 80 por ciento del rendimiento que se obtiene en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es como consecuencia de la imposición sobre el trabajo. Quizás hay que modificar algunas cosas, sobre todo tendiendo a esa tributación, que debería ser uniforme tanto para rendimientos de capital como para rendimientos del trabajo. Y que hoy no se da como consecuencia de la dualidad del impuesto: tributan los rendimientos del capital a unos tipos fijos inferiores a los de la escala general de los rendimientos del trabajo”, señala, remarcando de nuevo después esa “dualidad” del IRPF que provoca que los rendimientos de capital tributen poco y que algunos rendimientos de trabajo sean, para evitar el pago de impuestos, desviados a capital o a “entramados societarios” como las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable), donde se ocultan muchas fortunas y tienen una “bajísima tributación”, según nos explica Cruzado.

Carlos Cruzado, durante la entrevista con M* (Foto: Jorge Moreno)

Carlos Cruzado, durante la entrevista con M* (Foto: Jorge Moreno)

Las SICAV, hasta los últimos años desconocidas para la mayoría de los ciudadanos, son instituciones de inversión colectiva con una tributación del 1 por ciento, pensadas para que un grupo de ahorradores pongan su dinero y obtengan una rentabilidad, por la que se pagan impuestos al extraer los fondos de dicha sociedad.

“Las SICAV están siendo utilizadas no como instrumentos de inversión colectiva sino que las utilizan personas físicas, grupos familiares… Controlan estas sociedades, y aunque conllevan que tenga que haber al menos 100 partícipes, lo cierto es que estas personas o estos grupos controlan el 99,9 por ciento del capital y hay 99 personas, que llamamos ‘mariachis’, que tienen una cantidad insignificante en la participación. Esto conlleva que estas personas controlen las inversiones de la sociedad. Al controlarlas, lo que hacen es diferir casi eternamente el pago de los impuestos, puesto que no necesitan aflorar, sacar el capital de la sociedad, sino que al manejar las inversiones, van jugando con sus inversiones comprando una sociedad que el único bien que tiene es una mansión que pueden disfrutar, o un avión…”, explica Carlos Cruzado. Ante esta situación, su organización propone dos modificaciones: limitar la participación en capital de una persona o familia dentro de las SICAV, y establecer un máximo de tiempo para declarar las plusvalías obtenidas.

El fraude fiscal, en las empresas y las grandes fortunas

GESTHA, sindicato que representa a “más del 80 por ciento” de los técnicos del Ministerio de Hacienda y cuya afiliación llega “casi a la mitad del colectivo” se ha hecho célebre los últimos años por su labor de denuncia y difusión de estudios concretos respecto a las labores de la Hacienda española y el fraude fiscal en nuestro país. Una actividad que era “mal acogida” hace unos años, pero que se ha vuelto muy reveladora con la recesión, especialmente con los estudios que los últimos tiempos ha realizado el sindicato, en los que revela una foto del sistema fiscal español en la que la economía sumergida supone más del 23 por ciento del Producto Interior Bruto. Fraude que se sitúa en su mayoría en los más poderosos.

“Según nuestros estudios, la mayor parte del fraude se encuentra en grandes empresas y grandes fortunas, más del 72 por ciento del total se concentra en esos sectores”, afirma Carlos Cruzado, que cifra este fraude en 250.000 millones de euros (23 por ciento del PIB español), lo que supone que se dejen de recaudar cerca de 88.000 millones de euros.

Carlos Cruzado conversa con Miguel Ángel Moreno durante la entrevista con M* (Foto: Jorge Moreno)

Carlos Cruzado conversa con Miguel Ángel Moreno durante la entrevista con M* (Foto: Jorge Moreno)

“Si nos comparamos con los países de nuestro entorno, Francia, Reino Unido, Alemania… Vemos que nuestro porcentaje de economía sumergida está 10 puntos por encima de la media de estos países. Nuestra propuesta es implementar las medidas de lucha contra el fraude y conseguir esos diez puntos, reduciendo este diferencial podríamos estar recaudando cerca de 38.000 millones de euros, que justo es la cantidad que este año aparece como intereses para el pago de la deuda”, agrega Carlos Cruzado, que lamenta medidas como la amnistía fiscal tomada el pasado año por el ministro Cristobal Montoro, no solo por el aspecto ético sino por sus resultados, con menos de la mitad de la recaudación prevista (1.300 millones frente a los 2.500 estimados).

Errores y contradicciones del Fisco español

Cruzado afirma que “no se entiende” que en un sistema informático como el de la Agencia tributaria, que califica de “potente” y basado en gran cantidad de cruces de información, se haya podido producir un error con el DNI de la Infanta Cristina de Borbón, por que el cual se le atribuyeron las ventas de hasta 13 fincas por un valor de 1,4 millones de euros. O tampoco cómo se produjo la “contradicción” según la cual unas facturas que en principio se habían considerado simuladas después fueron consideradas válidas y permitieron que la Infanta no fuera acusada de un delito de fraude fiscal dentro del Caso Nóos.

“Es una contradicción que desde luego tendría que haberse justificado. No obstante, la Agencia Tributaria y los peritos en este informe sí que es cierto que hablan de la necesidad de levantar el velo social, levantar la sociedad Aizoon e imputar sus rendimientos a Iñaki Urdangarín, que en ese caso podría haber incurrido en delito fiscal, y donde el juez tendrá que determinar es si en esa operación, el papel que ha jugado o debió jugar la Infanta como colaboradora necesaria. Es el juez el que al final tiene que decidir, tomando por supuesto como referencia estos informes que están en el sumario”, explica Cruzado.

Carlos Cruzado y Miguel Ángel Moreno durante la entrevista (Foto: Jorge Moreno)

Carlos Cruzado y Miguel Ángel Moreno durante la entrevista (Foto: Jorge Moreno)

Tras el error con el DNI de Cristina de Borbón, el cese de la directora de la Agencia Tributaria y la llegada de Santiago Menéndez a la dirección, el propio organismo ha vuelto a ser protagonista por el cese de la inspectora Dolores Linares, que había ratificado una multa de más de 400 millones de euros contra la multinacional mexicana CEMEX y la dimisión del responsable de Inspección de la Agencia Tributaria, Luis Jones.

“Nosotros hemos venido planteando con relación a este caso la necesidad de que se aclarara y se diera una explicación de por qué el cese de esta inspectora, que lo que había hecho es, al parecer, ratificar el criterio de la inspección, de la Delegación de Grandes Contribuyentes en relación con un expediente concreto de una gran empresa. En este sentido, todo lo que no sea dar explicación, dar transparencia al motivo de ese cese y el porqué, desde luego puede dar la sensación al ciudadano de que hay un trato distinto en relación con la generalidad de los contribuyentes frente al que se da a las grandes empresas”, asegura Cruzado, que reconoce una “intromisión política” en la Agencia Tributaria.

“Estas circunstancias, así como otras que se han venido produciendo, pueden dar lugar a pensar que desde luego hay algún tipo de intromisión política que nunca es buena. Y si a esto añadimos las declaraciones del ministro (de Hacienda, Cristóbal Montoro) en reiteradas ocasiones, incluso en el Parlamento, dando a entender que hay determinados colectivos como actores, medios de prensa como otros políticos que podrían estar defraudando en mayor medida que otros… Digamos que no contribuyen a mejorar la imagen de la Agencia Tributaria”, agrega el presidente del sindicato de técnicos, que apuesta por una mayor transparencia dentro del Fisco español, por la publicación de los impuestos que pagan las grandes empresas y su “responsabilidad fiscal”.

Carlos Cruzado responde a las preguntas de M* (Foto: Jorge Moreno)

Carlos Cruzado responde a las preguntas de M* (Foto: Jorge Moreno)

Cuando nuestra conversación se acerca a su fin, Carlos Cruzado reconoce el “mayor valor” que está tomando la lucha contra el fraude, relacionado también con las subidas impositivas que están afectando “sobre todo” a clases medias y bajas de la sociedad.

“Lo cierto es que las medidas fiscales que se han tomado no han incidido por igual en todos los grupos sociales. Las grandes fortunas y las grandes empresas no están aportando en la misma medida el esfuerzo fiscal que están aportando clases medias y clases más desfavorecidas como consecuencia de esas subidas del IVA –ha habido dos subidas, una con el anterior Gobierno y otra con el actual-. La subida importante del IRPF no se ha visto correspondida con otras subidas a estas grandes sociedades, a las grandes fortunas. Sobre todo con los mecanismos de elusión de los que disponen ambos sectores”, finaliza el presidente de GESTHA.

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Lee la entrevista completa con Carlos Cruzado

Foto de portada: Carlos Cruzado (Jorge Moreno)

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