Verificando a los verificadores

Surgieron como grupo destinado a comprobar la veracidad del desarme de la banda terrorista ETA, y se han convertido en noticia tras la reciente muestra de desarme por parte del grupo terrorista, tildada como insuficiente dado la mínima cantidad de armas que entregaron (un rifle, una pistola y dos revólveres, además de algunos sacos de explosivos) conforme el arsenal que se presume que todavía mantienen. Además, su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno el pasado domingo en la que reconocieron que la banda se había llevado las armas ‘inutilizadas’ en una caja de cartón tras su entrevista despertó la hilaridad general.

La Comisión Internacional de Verificación (CIV) apareció el 28 de noviembre de 2011, cuando fue presentada por Ram Manikkalingam, que se ha erigido en cabeza de este grupo internacional que tiene como desafío “verificar el alto al fuego” de la banda terrorista ETA. Así lo definió el propio Manikkalingam, que explicó de esta manera la pertinencia de la formación de este grupo de expertos internacionales.

“La declaración de ETA de que el alto el fuego era verificable llevó a que algunos sectores de la sociedad vasca, que querían asegurar que ETA mantuviera su compromiso, solicitaran dicha verificación e hicieran llegar dicha solicitud a distintos interlocutores internacionales, entre los cuales se encontraba el Grupo Internacional de Contacto. El Grupo Internacional de Contacto consideró que no tenía ni la capacidad ni el deseo de verificar el alto el fuego”, comentó el asesor en noviembre de 2011

Manikkalingam explicó en aquel momento que las personas del Grupo Internacional de Contacto, liderado por el sudafricano Brian Currin, sentían entonces que “algunas personas les percibían como parciales”, y solicitaron a este nuevo grupo, los verificadores, que entraran en escena.

Por concretar el amasijo de siglas, digamos que los actuales ‘verificadores’ son el CIV, mientras que el grupo de Currin, el Grupo Internacional de Contacto o GIC fueron los artífices de la llamada Declaración de Bruselas de marzo de 2010, en la que se elogiaba el “nuevo compromiso público de la Izquierda Abertzale con los medios ‘exclusivamente políticos y democráticos’ y con ‘total ausencia de violencia’”; y también se pedía a ETA “un alto al fuego permanente y completamente verificable”.

El “alto al fuego permanente y verificable” de la banda terrorista llegó en enero de 2011 y la declaración de cese de la actividad armada se produjo posteriormente en noviembre de ese mismo año. Dadas esas circunstancias es cuando entra en juego la CIV de Manikkalingam, por las razones anteriormente citadas, y cuando se queda a un lado el grupo de Currin.

Los verificadores

Según la principal voz del grupo de cinco verificadores, la entrada de este grupo en el conflicto vasco se debe a la petición de varios grupos del ámbito social y político de Euskadi. Entre ellos, el jefe de los verificadores mencionaba a la Iglesia, la Federación de Empresarios (Confebask), el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi y la Izquierda Abertzale.

“En cuanto recibimos las garantías de que ETA estaba de acuerdo con nuestra interpretación del alto el fuego, creamos la comisión y vinimos a Bilbao”, dijo en noviembre de 2011 Manikkalingam, que puso los requisitos de que el alto al fuego fuera “unilateral” y “sin condiciones” para empezar su labor.

Junto al mediador nacido en Sri Lanka Ram Manikkalingam, que fue asesor del gobierno de su país durante su proceso de paz y también ejerció labores de mediación en Irak e Irlanda del Norte, se encuentran un grupo de personas vinculados a distintos procesos de paz en varios países.

El político sudafricano Ronnie Kasrils, que aparece con él en el vídeo en el que revisan las armas del supuesto desarme de la semana pasada es uno de ellos. Fue miembro del Congreso Nacional Africano de Mandela y ministro de la Sudáfrica post-Apartheid.

Otro de los miembros, el irlandés Chris Maccabe formó parte de los Acuerdos de Viernes Santo de 1998 en el conflicto norirlandés, además de asesor en otros procesos, como el de Kosovo o Tanzania. También forma parte del grupo el indio Satish Nambiar, que fue jefe de las fuerzas armadas de la India y dirigió las fuerzas de las Naciones Unidas en el conflicto yugoslavo.

Completan el grupo la ecuatoriana Aracelly Santana, con una carrera vinculada a las Naciones Unidas y a conflictos en Suramérica junto a operaciones de la ONU; y la holandesa Fleur Ravensbergen, cuya carrera ha estado ligada al Gobierno holandés.

¿Quién supervisa al supervisor?

Este grupo ha ido participando desde 2011 en el proceso con reuniones con partidos políticos, sindicatos y empresarios vascos, realizadas en enero de 2012 y mayo de ese mismo año además de en febrero de 2013 sin demasiados resultados demostrables. Ha sido esta última semana, con el anuncio del desarme, la demostración del insuficiente material bélico ‘desactivado’ por la banda y su llamamiento a declaración por parte de la Audiencia Nacional a petición del colectivo de víctimas Covite, por el que se conoció el asunto de la caja en la que se transportaban las armas, cuando se ha empezado a suscitar la polémica en torno al CIV.

Polémica que pasa no solo por el cruce partidario de declaraciones, especialmente entre gobierno vasco y gobierno central, sino también respecto a la figura de los propios verificadores, de los cuales es difícil de averiguar, por ejemplo, la trazabilidad de sus salarios y cómo financian sus actividades.

Aunque, según fuentes jurídicas mencionadas por varias agencias y replicadas en toda la prensa, los verificadores cobran 750 euros al día por su trabajo, nadie ha aclarado de forma cierta de dónde provienen esos ingresos.

Se puede relacionar fácilmente al grupo liderado por Manikkalingam con el grupo Dialogue Advisory Group con sede en Amsterdam, que muestra en su web el trabajo en el País Vasco como una de sus áreas de actuación. El mismo Manikkalingam es director del grupo, mientras que la holandesa Fleur Ravensbergen, también parte de la CIV, ejerce de directora adjunta en DAG.

Este grupo está relacionado con la Universidad de Amsterdam, en la que da clase uno de los miembros de su consejo, Brian Burgoon; pero también cuenta entre sus asesores al diplomático y exministro de exteriores noruego Wegger Strømmen, así como varios ex altos representantes de Naciones Unidas. Como asesor especial aparece el español Juan Garrigues, que fue asesor del Gobierno en temas de Política Exterior durante la segunda legislatura del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

A la hora de encontrar sus fuentes de financiación es cuando llegamos al terreno de la especulación, en la cual algunos periodistas la vinculan a gobiernos escandinavos o suizos. Probadas como tal, solo encontramos donaciones de fundaciones como la americana MacArthur Foundation. Otros medios aseguran  que los fondos del DAG provienen de los gobiernos noruego, suizo y holandés pero no cuentan con pruebas fehacientes.

Difícil confianza

Con estos antecedentes, en los que la posibilidad de encontrar la forma de financiación de este grupo de personas que pretenden ser garantes de la verdadera intención de ETA de devolver su arsenal armado se hace imposible, más difícil aún es la confianza en ellos como interlocutores de un verdadero desarme del terrorismo.

Pese a que el mismo Manikkalingam se escandalizaba y caracterizaba como “insólita” la falta de implicación del Gobierno español resulta lógico pensar que se puedan tener dudas, fuera de que la política del gobierno central sea acertada o equivocada, sobre la posibilidad de confiar en este grupo, del que la última noticia ha sido descubrir que ETA no les ha entregado ese escaso arsenal del que supuestamente iba a desembarazarse para siempre. ¿Los verificadores requieren una verificación?

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