El Ayuntamiento de Madrid y los trabajadores pobres

En los últimos años estamos asistiendo en la Comunidad de Madrid -y especialmente en la capital- a una precarización absoluta de las condiciones laborales de aquellas personas que llevan a cabo servicios públicos. Es frecuente encontrar en la prensa cómo barrenderos, educadores sociales, profesores de música o guías turísticos denuncian un empeoramiento radical de sus condiciones.

La base de todo ello radica en el empeño de los gestores públicos madrileños de externalizar[1] todos los servicios públicos posibles, de tal forma que sean empresas privadas las encargadas de llevar a cabo la gestión de los mismos. Dicha política pública se basa en la falacia de que la gestión privada es más eficiente. Tal aseveración no encuentra ni respaldo académico, podemos ver incluso diversos estudios que demuestran lo contrario[2]; ni empírico, ya que por ejemplo el Ayuntamiento de León, entre otros, redujo a la mitad el gasto en recogidas de basuras tras remunicipalizar la gestión del servicio.

Lo único real de la privatización de los servicios es que las empresas concesionarias, aparte de prestar dicho servicio, tienen que llevarse una parte de beneficio para que la operación les sea rentable. Es decir, reducirán todo lo posible la inversión en prestación del servicio para aumentar sus márgenes empresariales. Esto redunda en un empeoramiento de las condiciones del servicio y de las condiciones laborales de los trabajadores contratados para ello.

Se ha reducido de tal forma el dinero que otorga la administración que los servicios serían inviables sin precarizar las condiciones.

Si bien es cierto que muchos de estos servicios tiene larga tradición de gestión privada, lo que nos podría hacer presumir que las condiciones laborales siempre podrían haber sido mejores, es ahora cuando los trabajadores se ven sometidos a condiciones de semiexplotación, con salarios de miseria y total precariedad de sus condiciones. Esto se debe a la espiral de recortes que están llevando a cabo las administraciones a la hora de sacar a subasta pública la licitación de los servicios. Es decir, se ha reducido de tal forma el dinero que otorga la administración a las empresas privadas para que gestionen estos servicios que serían inviables si no precarizasen las condiciones laborales.

En la actualidad, cuando una empresa presenta una oferta para hacerse cargo de la gestión de estos servicios, lo único que se tiene en cuenta por parte de la mesa de contratación encargada de adjudicar la misma es el aspecto económico. Es decir, no se tiene en cuenta la mejor oferta en conjunto, aquella que de manera más eficiente pueda llevar a cabo la prestación de manera óptima, si no únicamente la que dice que lo puede hacer de forma más económica, rozando en algunos casos la baja temeraria.

Si sumamos ambos aspectos; el hecho de que las empresas quieran aumentar sus márgenes de beneficios y que el dinero que reciben para llevar a cabo la prestación de los mismos es cada vez menor, lo que resulta es un servicio peor prestado y condiciones laborales de miseria para los trabajadores.

Los informadores turísticos de Madrid han sido despedidos para ser sustituidos por personal en prácticas.

Como ejemplo tenemos, entre otros, a los informadores turísticos de Madrid, que han sido despedidos para ser sustituidos por personal con contrato en prácticas y salarios de 590€ por los 823€ que venían percibiendo estos trabajadores. Pero no son los únicos, trabajadores de las escuelas de música municipales o trabajadores de los centros de día están viendo como sus salarios se reducen de forma escandalosa e incluso se les firman contratos por debajo de su cualificación.

En la Oficina Precaria hemos conocido de primera mano algunos de estos casos a través de nuestra asesoría laboral gratuita, y es muy frustrante ver cómo las condiciones de precariedad a que se ven sometidos estos trabajadores encuentran amparo legal en las licitaciones de los servicios, que no establecen condiciones mínimas de calidad del empleo.

Si bien no se puede dejar de señalar a las empresas que llevan a cabo estas prácticas, son las autoridades públicas las que en última instancia las están permitiendo y, en algunos casos, fomentando. Es el Ayuntamiento de Madrid el que está permitiendo la prestación de servicios públicos por trabajadores sin condiciones mínimas de calidad del empleo. Y, por tanto, es el Ayuntamiento de Madrid el responsable de que estos trabajadores, a pesar de contar con un empleo, rocen condiciones de pobreza.

***

[1] Término tristemente aceptado en la última reforma de la R.A.E como eufemismo de “privatizar”.

[2] Un ejemplo es el informe PIQUE, publicado en Viena en 2009, en el que se demuestran, entre otros, los efectos perjudiciales de las privatizaciones para el empleo

Foto de portada: Punto de Información Turística en Madrid (Foto: Alquiler de coches-Flickr)

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