Terroristas: El enemigo eres tú

I

Hace no mucho, leyendo yo un libro que detallaba las tropelías y los desmanes de dictaduras pretéritas como la de Chile o la de Argentina, me quedé intrigado ante la justificación que los torturadores profesionales, y hasta el gobierno, daban acerca de los asesinatos, las torturas y los secuestros: “Es que eran enemigos de la patria”.

Cualquiera advertirá que ahí “patria” no significa otra cosa que “nosotros”. Esa identificación entre el estado y los gobernantes es posiblemente tan vieja como la misma noción de estado, y apenas hace falta señalarla. Se sustenta en dos hechos políticos también ampliamente conocidos: el primero, que nada une tanto como la existencia –tanto más terrorífica cuanto más ubicua– de un enemigo común; el segundo, que nada legitima tanto un proceder dudoso como la excusa de que así se garantizan la paz y la seguridad de los gobernados. Lo uno implica a su vez lo otro, y viceversa.

Pero cuando el hecho de ser “enemigo de la patria” queda hasta tipificado legalmente (y ya no se debe así a los métodos de opresión clandestinos estatales) se produce una curiosa discordancia: por un lado, en cualquier código penal ya están descritas todas las acciones que constituyen un delito. Matar, robar y apuñalar conllevan una pena concreta según el caso. Sin embargo, si ser “enemigo de la patria” es de por sí un delito, resultará que no habrá modo alguno de encontrarle a tal delito una acción positiva que lo defina en exclusividad.

Porque si el enemigo de la patria roba, el robo no le define como tal (bien se puede robar siendo amiguísimo de la patria). De modo que ser enemigo de la patria constituirá algo así como un agravante de la pena: “¡Además de ladrón, enemigo de la patria!”.

Sin embargo, ¿cómo identificamos al enemigo de la patria si éste no incumple ninguna de las leyes tipificadas por la justicia? ¿Qué rasgos de su ser lo delatan como ciudadano desleal hacia su intachable país?

Por muchas vueltas que le demos, sólo hay una respuesta posible: uno es enemigo de la patria si así lo deciden el gobierno o sus representantes.

Y ello no se debe tanto a la maldad intrínseca de las dictaduras como a una cuestión práctica: si enemigo de la patria es aquel al que yo puedo torturar o asesinar, el hecho de que yo esté torturando o asesinando a alguien confirma al instante la culpabilidad de mi víctima.

Se trata, por lo tanto, de una caja vacía; de una ficción legal cuyo único propósito es darle un aparente contenido positivo al casi siempre aleatorio abuso del poder policial.

No se fíen del truco de las manos, que algo habrá hecho.

No se fíen del truco de las manos, que algo habrá hecho.

II

Pero los tiempos cambian y las expresiones también. Eso de “enemigo de la patria” apenas se emplea ya en Occidente, porque apesta a ideología totalitaria. Alguna vez lo habré escuchado yo en boca de algún político sudamericano contemporáneo, pero sin mucha convicción. Acaso parte del tufo dictatorial con que se nos vendía Hugo Chávez tenga también que ver, además de con sus galas militares, con la frecuencia con que declaraba a tantas personas “enemigas de la patria”: para un oído europeo, la sola expresión ya inculpa a quien la dice.

Por eso, cuando se redactó nuestra actual constitución la palabra patria estaba lo bastante manoseada como para aparecer tan solo una vez, en el artículo dos: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (…)”. La palabra estado, por el contrario, se emplea ciento cinco veces; nación, sesenta y ocho; España, doce; país, una. A los súbditos se les llama pueblo trece veces; ciudadanos, veinte; españoles, veinticuatro; y ni una sola vez se habla de la ciudadanía (palabra en boga desde hace no mucho, como sabrán aquellos a quienes les resulte tan fea, estridente y hortera como a mí).

III

Puede que algún lector se alegre de que hayan pasado ya esos oscuros tiempos en que cualquiera podía convertirse en enemigo y morir o pasar las noches en la cárcel. En una democracia la noción jurídica de “enemigo de la patria” ha quedado ya excluida para siempre, y no parece probable que vuelva.

Lo que no tengo yo tan claro es que pueda el poder sacrificar un comodín tan excelente e infalible para acallar las discrepancias. ¿Cómo se recicla un instrumento de control tan útil, una acusación que aterre a las gentes quejumbrosas, una a las gentes aterradas, y les asegure a todos muchísima seguridad?

Confirmó mis sospechas la reforma publicada en el B.O.E. el 31 de marzo de 2015: una ley orgánica que modificaba el Código Penal español en lo referente a los delitos de terrorismo.

La R.A.E. define así lo que es el terrorismo:

Terrorismo.

  1. m. Dominación por el terror.

  2. m. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror.

Cierto que la R.A.E. no siempre atina, pero no soy capaz de imaginar un acto terrorista –de los que yo tenga memoria, al menos– que no pueda encuadrarse en la segunda definición. Al terrorista le causa indiferencia la individualidad de su víctima. Las muertes o el pánico que genere solo tienen como fin la adscripción simbólica a su causa, ya sea esta política o religiosa. El terror que trata de provocar se debe al deseo de que su enemigo, frente a él, se sienta débil e incapaz, y atienda por lo tanto a las demandas que el terrorista desea ver satisfechas, o se someta a él.

El juez no acertó a golpear el martillo en el sitio correcto...

El juez no acertó a golpear el martillo en el sitio correcto…

De modo razonable, el artículo 570 bis de la Ley orgánica 10/1995, del 23 de noviembre definía así lo que era una organización criminal:

                A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas.”

En el 570 ter, esto se consideraba un “grupo criminal”:

                “A los efectos de este Código se entiende por grupo criminal la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos o la comisión concertada y reiterada de faltas”.

Prácticamente lo mismo, como puede verse.

En el artículo 571, por fin, se define lo que es el terrorismo basándose en los dos que acabo de citar:

                “A los efectos de este Código, se considerarán organizaciones o grupos terroristas aquellas agrupaciones que, reuniendo las características respectivamente establecidas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 570 bis) y en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 570 ter, tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública mediante la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en la Sección siguiente.”

O sea: la diferencia entre el grupo u organización criminal y un terrorista reside en la diferencia de sus objetivos.

Claro que también se consideró posible que algún loco solitario amenazara con extender el terror entre las poblaciones, y en el artículo 577 se da cuenta de ellos:

                “Los que, sin pertenecer a organización o grupo terrorista, y con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública, o la de contribuir a estos fines atemorizando a los habitantes de una población o a los miembros de un colectivo social, político o profesional, cometieren homicidios, lesiones de las tipificadas en los artículos 147 a 150, detenciones ilegales, secuestros, amenazas o coacciones contra las personas, o llevaren a cabo cualesquiera delitos de incendios, estragos, daños de los tipificados en los artículos 263 a 266, 323 ó 560, o tenencia, fabricación, depósito, tráfico, transporte o suministro de armas, municiones o sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o de sus componentes, serán castigados con la pena que corresponda al hecho cometido en su mitad superior.”

Observe el lector con qué escrúpulo se detallan las actividades delictivas que le convierten a uno en terrorista. Lo específico de la ley evitaba que pudiera confundirse, por ejemplo, a un atracador con un terrorista. Ni mucho menos a una docena de manifestantes con una organización criminal.

IV

Pero en un mundo que ha vivido espectáculos televisivos de tanta audiencia como el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el 11-S, el 11-M, el avance del Estado Islámico o los atentados del metro de Londres, la palabra “terrorista” empezó a adquirir los contornos del Mal que antaño estaban reservados para los anarquistas, los comunistas y demás sangrantes enemigos declarados de las patrias. Era cuestión de tiempo que los ciudadanos, ante la mención de la palabra, erizasen sus cabellos y echasen espumas de rabia por la boca. Como bien comprendieron los gobiernos (empezando por EEUU, que suele llevar la delantera en casi todo), la excusa de luchar contra los terroristas servía para legitimar lo que de otra manera no se hubiera tolerado ni diez minutos. Ahora ya podían torturar, invadir, recortar derechos o inventar cárceles sin temor a que nadie les acusara de hacerlo con mala fe.

"¡Dispérsense! ¡Aquí no hay nada que ver!

“¡Dispérsense! ¡Aquí no hay nada que ver!

Pero en España, que is still very different,  la cuestión ha ido un paso más allá. Gracias a la ley orgánica 2/2015 del 30 de marzo, se nos ha introducido en el Código Penal una modificación interesantísima. La ley explica que aquí ya andábamos duchos en pelear contra los forajidos:

                La experiencia de la lucha contra el terrorismo en España nos ha permitido contar con una legislación penal eficaz en la respuesta al terrorismo protagonizado por bandas armadas como ETA o el GRAPO, esto es, grupos terroristas cohesionados alrededor de uno o varios líderes, con estructura orgánica clara, reparto de roles dentro de la organización y relaciones de jerarquía definidas y asumidas por los integrantes del grupo terrorista. La respuesta penal al terrorismo se articulaba, por tanto, en la sanción de quienes pertenecían, actuaban al servicio o colaboraban con organizaciones o grupos terroristas. El eje del tratamiento penal del terrorismo era, por tanto, la definición de la organización o grupo terrorista y la tipificación de aquellas conductas que cometían quienes se integraban en ellas o, de alguna forma, prestaban su colaboración”.

A continuación, el legislador añade muy serio:

“El Código Penal no debe, en ningún caso, perder esa perspectiva de tipificación de las conductas articuladas en torno a organizaciones o grupos terroristas (…)”

¡Faltaría más! ¡Nunca habrá de perderse esa perspectiva!

Y sin embargo…

                “(…) pero es evidente que las nuevas amenazas exigen la actualización de la normativa para dar cabida al fenómeno del terrorismo individual y a las conductas que constituyen la principal preocupación de la comunidad internacional, en línea con la Resolución 2178 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas anteriormente citada”.

“¿Para quién es evidente?”, se pregunta uno. ¿Cuáles son, por amor de Dios, esas nuevas amenazas? Y, sobre todo, ¿qué tipo de amenazas no especificadas exigen –no se sabe con qué mística autoridad– que se dé cabida al “fenómeno del terrorismo individual”? ¿No había quedado ya bien definido cómo era ese terrorismo del solitario?

(Dicho sea de paso, la citada Resolución 2178 no insta a ninguna medida concreta: sólo pide esfuerzos a los países para combatir con más eficacia el terrorismo).

Pues no: una vez metidos en el ajo, resulta que el artículo 573 de la nueva reforma anula la distinción entre delitos de terrorismo cometidos a través de una organización terrorista o de manera individual, y los agrupa bajo un mismo epígrafe, que dice así:

  1. Se considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades:

                1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

               2.ª Alterar gravemente la paz pública.

              3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.

              4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

Como ya se ha puesto de manifiesto en varios sitios, una ley así, que no distingue demasiado entre una organización armada tomando por la fuerza el congreso y un grupo de jubilados impidiendo un desahucio (por no hablar de en qué sitio queda aquí la resistencia pasiva), no sólo no evitará delitos terroristas, sino que introduce la duda allá donde antes no la había. ¿Qué necesidad había de convertir una ley en más inespecífica que la que reforma? ¿No va incluso contra toda noción jurídica de ‘reforma’?

No sé muy bien qué es un delito grave contra la libertad (¿censurar?), contra la integridad moral (¿insultar?), contra el patrimonio (¿un ataque a las posesiones de alguien?), los recursos naturales (¿causar un incendio?); pero tampoco sé relacionarlos con que tales delitos tengan como propósito “obligar a los poderes públicos a que no hagan algo”.Puede que lectores muchísimo más diestros en leyes que yo me sepan explicar qué hay de específico en este punto 1 del artículo 573, pero impedir que un alcalde dé una conferencia bien podría ser un delito de terrorismo. Porque antes tal vez  se considerase igualmente un delito contra la libertad de expresión, pero nunca habría podido confundirse con un acto terrorista.

Posibles sospechosos de terrorismo ocupando ilegalmente el espacio público.

Posibles sospechosos de terrorismo ocupando ilegalmente el espacio público.

V

Por ello discrepo cuando se acusa a la nueva ley de ambigüedad. Creo, al contrario, que va más allá de la mera ambigüedad, que han fabricado otra caja vacía de tanta amplitud como les ha permitido cierto decoro (por aquello de que estamos en “una democracia” y demás) mediático. Y que el propósito de ello consiste, de nuevo, en defender la identificación absoluta entre ellos, el poder, y la patria; así hasta formar un fuerte “nosotros” que se oponga a “esa peligrosa y nunca definida parte del pueblo que discrepa de nuestro gobernar”.

En fin: al margen de la política española (y sin negar cómo el Partido Popular ha sacado ya mucha tajada del famoso “x es ETA”), cada vez resulta más claro que el nuevo y flamante “enemigo de la patria”, en el mundo moderno, es el terrorista. Importa saberlo porque la táctica de la acusación universal siempre cambia para no dejar de ser ella misma. Tal vez dentro de treinta años el “terrorista” haya quedado ya superado por algún nuevo enemigo. En ese momento el estado podrá seguir justificando su ejercicio de la violencia y de la detención amparándose de nuevo en el mal y la seguridad.

Por ello, si son ustedes finos de oído, desconfíen en cuanto escuchen la palabra “terrorista”: cada vez servirá más para conocer al que la pronuncie, y menos al sujeto que como terrorista definan.

***

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